El huevo de la serpiente

A finales de los setenta, la extrema derecha que se agrupaba en AP, y detentaba el control del aparato del Estado, así como la aquiescencia del poder económico, inició una operación de acoso y derribo a la UCD en el gobierno, que provocó la inestabilidad crónica de los gabinetes centristas y, finalmente, la caída de Adolfo Suárez, en medio del caos provocado por el golpe del 23 de febrero. Fue un proceso anómalo en la historia política de Europa: la facción minoritaria de extrema derecha fagocitaba a la moderada y mayoritaria de tendencia democrática.
Años después, cuando empezaba a vislumbrarse la posibilidad de alcanzar La Moncloa por el desgaste del PSOE, la facción dura del partido conservador, hizo saltar al moderado Hernández-Mancha y colocó en su lugar José María Aznar, que era ungido como sucesor por Manuel Fraga en 1989.
Alcanzado el pleno control del aparato del partido, Aznar inició una labor de zapa contra los gobiernos de Felipe González, ahogados en la corrupción, que le condujo a las victorias de 1996 y, sobre todo, de 2000. Ese año, y alcanzada la mayoría absoluta, la derecha pura y dura tomó los ministerios que siempre ha creído de su propiedad, envió a los paracadistas a hacer maniobras en el País Vasco, maltrató a los adversarios políticos, se alineó con los Estados Unidos incondicionalmente, y mintió al país después de la tragedia del 11 de marzo de 2004.
La pérdida de las elecciones supuso el inicio de un nuevo ciclo hegemónico de los jabalíes* en las sedes parlamentarias, jaleados por los poderosos grupos de comunicación que Aznar había ayudado a formar durante su primera legislatura. El heedero designado por Aznar, Mariano Rajoy, abandonó su imagen de hombre moderado, para encabezar algunas de las actitudes más vergonzosas que se recuerdan en la corta historia democrática de España.
La nueva derrota en 2008, ha despertado las alarmas del núcleo duro aznarista, actual encarnación de la extrema derecha; los intentos del candidato Rajoy para corregir el rumbo del partido conservador, y llevarlo hacia posiciones más moderadas, han chocado frontalmente con ese aznarismo que ha iniciado el destronamiento de Mariano Rajoy, usando exactamente las mismas armas que se llevaron por delante a Adolfo Suárez y Felipe González. La renuncia de personajes relevantes como María San Gil, Eduardo Zaplana, Ángel Acebes y el icono José Antonio Ortega Lara, tienen poco de casualidad y mucho de estrategia de desgaste que, de tener éxito, conducirá a Aznar a la cabeza del PP, invocando las circunstancias excepcionales del país y demostrando, por enésima vez, que las reglas de juego democrático no se han hecho para una derecha, que nunca se ha visto obligada a dar explicaciones por sus actos políticos, gracias a la amnesia forzada de la izquierda durante la Transición, y a la indiferencia de la ciudadanía después.

Sin palabras

¡ Más madera, qué es la guerra!

Dentro de la estrategia de tensión emprendida por la extrema derecha, dentro y fuera del partido que le sirve de cobertura, puede enmcarcarse la enérgica prostesta de María San Gil, presidenta del PP en el País Vasco, y mujer de indudable coraje personal. Ella ha renunciado a formar parte de la comisión, que redactará la ponencia política del próximo congreso del PP. Esto no es cualquier cosa, porque la ponencia política de un congreso, es el documento que marca las líneas de acción de un partido hasta el siguiente congreso precisamente.
Naturalmente es un golpe duro a las aspiraciones de Rajoy, para llevar, de una vez por todas, al PP, a la vereda del centro derecha, convencido como está el político gallego de la necesidad de lo necesario que resulta, para los conservadores, abandonar la soledad parlamentaria que tanto daño ha hecho a su partido en comunidades como Cataluña, País Vasco y Andalucía.
Lo que el núcleo duro del aznarismo, del que forma parte San Gil, ha presentado como legítimo ejercicio de la discrepancia política, no es otra cosa que el pataleo deliberado de quién no quiere que los demás digan otra cosa, que la por ella deseada. Esto es, que no hay discrepancia sino intolerancia, porque la valerosa María, además de eso, es una de las figuras políticas con menos cintura de España; venerada, además, por las bases del partido. Mariano Rajoy ha reaccionado como acostumbra en estos casos: de ninguna manera, dejando pasar el tiempo. Algo que solivianta a muchos militantes del PP, partidarios del aznarismo que los llevó a las mieles de la mayoría absoluta. Y al que, por supuesto, no le atribuyen responsabilidad alguna en la derrota de 2004.
Esta situación excede los límites del PP, para situarse en la lucha de las dsitintas familias de la derecha española,económica, religiosa y política por inclinar la balanza del lado de la modernidad pragmática, opción defendida por Rajoy, o el fundamentalismo de los aznaristas, ungidos por la Conferencia Episcopal aunque no tanto por un poder económico poco amigo de tensiones innecesarias.
Del triunfo de unos u otros, dependerá el desarrollo de los nuevos estatutos, y el modelo de Estado que deberá asumir la última fase de la construcción europea.
Además, una radicalización del PP, llevaría al desequilibrio del arco parlamentario, porque al electorado no le gustan las aventuras extremistas, y tiende a refugiarse en la fuerza que menos riesgos ofrece.

El desastre judicial

Las alarmantes noticias que se han sucedido en España, sobre hechos delictivos cometidos por personas condenadas que esperaban cumplir su condena, o bien que habían sido absueltas o excarceladas por errores de la Administración de Justicia, se han visto coronadas por el demoledor informe del Consejo General del Poder Judicial - el máximo órgano de gobierno de la judicatura- en el que se dice que en nuestro país, están pendientes de ejecución casi 270.000 sentencias, por falta de medios técnicos y humanos.
Ante una desmesura semejante, no cabe hablar de España como un estado social y democrático de Derecho, y sí de una vergonzante especie de república bananera. No puede pensarse que la completa quiebra de la Administración de Justicia, ante eso y no otra cosa estamos, es un pequeño detalle subsanable en pocos meses. Es de un situación grave que pone contra las cuerdas la viabilidad y el crédito del Estado como monopolizador de las funciones coercitivas. No es pues, una banalidad sobre la que pasar de largo.
Las causas del desastre son varias y persistentes: En primer lugar la acuciante falta de medios, de formación del personal, el sistema absurdo del concurso oposición que lleva a los alumnos de la Escuela Judicial ha aislarse del mundo durante varios años - en alrededor de cuatro está la media-, para poder aprobar el ingreso en la mencionada escuela. A esto debemos añadirle la elevada tasa de interinidad que se da entre el personal administrativo, por lo demás mal remunerado, otra de las tradiciones de la Administración en España. Por no hablar del corporativismo de los agentes jurídicos, desde los jueces a los abogados o procuradores, que no pocas veces ha derivado en conductas dudosas desde el punto de vista del Derecho positivo, y claramente reprobables desde el punto de vista de la Moral.
A esta situación no es ajena, ni mucho menos, la actitud de los sucesivos gobiernos democráticos, que han abandonado a su suerte el espinoso tema de las muchas reformas necesarias en el Poder Judicial, del que sólo parecen preocuparse, cuando es susceptible de convertirse en arma arrojadiza contra el adversario.
Mucho deben, y digo deben y no deberían, las cosas para evitar el colapso del Estado, que quedaría definitivamente deshauciado.
Los políticos y la indispensable presión pacífica y enérgica de la ciudadanía, tienen la capacidad para resolver la cuestión.

Entre la política y la empresa.

En estos últimos días hemos asistido, con menos sorpresa de la que sería deseable en una democracia sana, al paso de dos altos cargos políticos a la actividad profesional privada. El primer caso, el del ex-portavoz parlamentario del PP Eduardo Zaplana, contempla su incorporación a Telefónica como delegado para Europa, y era un final cantado para la carrera política del ambicioso político murciano. La derrota electoral de marzo y, además, la pérdida de influencia del sector - aznarista- al que pertenece Zaplana, hacían muy previsible que la dimisión presentada como portavoz, no fuera más que el paso previo al abandono de la política por parte de un hombre, que reconoció sin ambages su intención de prosperar económicamente, a través de la actividad política.
No ha sido el único caso: el director de la Oficina Presupuestaria del Gobierno, David Taguas, cesa en el cargo para pasar a presidir la patronal de los grandes constructoras, después de que se haya aprobado un plan gubernamental para impulsar las obras públicas, con el fin de paliar el brusco descenso de la actividad constructora de viviendas. Si el caso de Eduardo Zaplana, pese a ajustarse a la legalidad, merecía una reprobación ética, el de David Taguas, merece la atención de los órganos designados por la Ley de Incompatibilidades, para luchar contra la corrupción política. El señor Taguas era un cercano e influyente asesor económico del presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, estuvo vinculado a los preparativos del mencionado plan gubernamental y, además, formaba parte de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que es un órgano dependiente del vicepresidente Solbes, con capacidad decisoria vinculante para el Gobierno.
La Ley de Incompatibilidades no es eficaz, son demasiadas veces las que cargos públicos pasan a a la actividad económica privada en materias que han sido de su competencia en la actividad política, sin respetar el plazo de dos años que se marca precisamente en estas situaciones de travase de la política a la empresa en la misma área económica.
Urge tomar medidas, de esas tan poco queridas por el presidente Zapatero, porque van más allá de los gestos: Ningún cargo político debería poder dedicarse jamás, desde el sector privado, a las áreas que han sido de su competencia. El plazo de dos años, debería aplicarse a todas las demás actividades económicas en la empresa privada. Es imprescindible dotar a los altos cargos políticos de una remuneración adecuada a la exigencia del puesto y a la responsabilidad demandada, pero no se pueden tolerar las situaciones ambiguas ni la falta de decoro ético que han supuesto las actuaciones de los señores Zaplana y Taguas.
Una vez más, el gobierno socialista opta por la tibieza cuando debería mostrarse inflexible. La calidad de la democracia, también se dirime en los procedimientos de resolución de estas cuestiones.

El agua: opina la Valencia progresista.

Desde hacía días quería escribir algo sobre la cuestión del agua, pero este post me parece definitivo. No hace falta más.

77 años de lo que pudo ser

Tal y como hice el año pasado, en mi anterior etapa blogger, dejo un texto significativo de la Constitución de la República, para celebrar el aniversario de su proclamación:

Artículo 46. El trabajo, en sus diversas formas, es una obligación social, y gozará de la protección de las leyes.
La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. Su legislación social regulará: los casos de seguro de enfermedad, accidentes, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección a la maternidad; la jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar;
las vacaciones anuales remuneradas; las condiciones del obrero español en el extranjero; las instituciones de cooperación, la relación económico-jurídica de los factores que integran la producción; la participación de los obreros en la dirección, la administración y los beneficios de las empresas, y todo cuanto afecte a la defensa de los trabajadores.


¡ Salud y República!

El gobierno socialista

José Luis Rodríguez Zapatero ha sido investido presidente del Gobierno en segunda votación y por mayoría simple, al no haber obtenido o no haber buscado, acuerdos con otras fuerzas parlamentarias.
El Gabinete mantiene a todos los que forman el llamado, por la prensa, "núcleo duro", y paga peajes como la continuidad de la malagueña Magadalena Álvarez, en Fomento. Así, continúan los dos vicepresidentes - MªTeresa Fernández de la Vega y Pedro Solbes-; se refuerza el papel de Carme Chacón al pasarla del inoperante ministerio de Vivienda a Defensa, en un gesto de cara a la galería por parte del presidente, dada la muy buena gestión del ministro Alonso; permanece en Exteriores Miguel Ángel Moratinos, hombre que provoca muchas risas en la oposición, pero de amplísima experiencia en política internacional; Cristina Garmendia, una brillante científica, entra en el Gobierno en el nuevo ministerio de Investigación y Desarrollo, que asume las competencias de Universidades, en detrimento de Educación, en el que sigue la catedrática Mercedes Cabrera, molesta por esta modificación y por tener que asumir Asuntos Sociales; en Industria se produce el relevo de Clos, que fue ministro para poder sacarlo del ayuntamiento de Barcelona, y entra Miguel Sebastián, de la máxima confianza de Zapatero y, quién sabe, si sucesor de Pedro Solbes, cuando el vicepresidente abandone la política, algo que puede pasar antes del final de la legislatura; Beatriz Corredor entra en Vivienda; Bibiana Aído asume una cartera de Igualdad que parecía destinada a Leire Pajín, como ministra más joven de la historia de España; Bernat Soria se mantiene en Sanidad; Elena Salgado sigue en Administraciones Públicas; María Elena Espinosa asume Agricultura con el extraño añadido de Medio Ambiente, cuya ubicación natural parecería un ministerio de Fomento, Vivienda Social y Medio Ambiente, como probable castigo a la díscola Narbona; el hasta ayer alcalde de L'Hospitalet de Llobregat y presidente de la Diputación de Barcelona, Celestino Corbacho, asume Trabajo, de donde sale Jesús Caldera, para sorpresa de casi todos, con la misión de crear un "think tank" socialista a imagen y semejanza de la FAES de José María Aznar; siguen en Justicia el ministro Bermejo y su ático, que tantas satisfacciones brindaron a la prensa conservadora en la pasada legislatura; en Interior continuará Alfredo Pérez Rubalcaba, por insistencia del presidente Zapatero; José Antonio Alonso deja Defensa para asumir la portavocía del grupo parlamentario, un puesto de extraordinaria relevancia en esta legislatura llena de pactos puntuales.
El gabinete queda preparado para asumir, a partir del martes 15, la tarea de gestionar una crisis económica severa y tensiones territoriales, con la vista puesta en el referendo del lehendakari Ibarretxe en octubre. Sin duda se puede aplicar a este equipo ministerial, aquello de nada es lo que parece, y las explicaciones dadas sobre los cambios, por el presidente del Gobierno, no se sostienen demasiado. De esta manera se mantiene a Magdalena Álvarez - pésima ministra- por las presiones de Manuel Chaves, que de ninguna manera la quiere otra vez por Sevilla; sale Jesús Caldera de Trabajo, pese a ser el ministro más valorado por los agentes sociales en los últimos años, y con una gestión que incluso la oposición calificaba de buena o muy buena. Desgraciadamente para el político salmantino, los encajes de bolillos son malos consejeros a la hora de construir equipos.
Sobre la mayoría de mujeres en el Consejo de Ministros ( y ministras), debo decir que no parece nada mal si el criterio seguido es el de la capacidad, pero si el criterio ha sido el de mantener cuotas a toda costa, debo expresar mi rechazo.
Sobre los que se van, sólo queda señalar el mencionado castigo a Cristina Narbona, poco amiga de dejarse "aconsejar"; la marcha más que cantada de Joan Clos, al que nadie quiere cerca, ni en Madrid ni en Barcelona. Sobre Jesús Caldera, y aun teniendo en cuenta la fundación que pretende crear el PSOE, debo decir que la impresión es la de que ha pagado los platos rotos de las promesas preelectorales hechas a las distintas familias socialistas, por Zapatero y Pepe Blanco.
Quedan por delante cien días de gracia, ¡ suerte!

La cumbre de Bucarest.

La cumbre de la OTAN en Bucarest, ha mostrado la impotencia de Europa como realidad política, como sujeto eficazmente activo en las relaciones internacionales. El presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, no tiene otra intención que pasar a la posteridad, con un legado distinto al de la guerra catastrófica de Irak. Su homólogo ruso, Vladimir Putin, también ha llegado a la cumbre con ánimo de trascendencia, pero la situación de ambos es distinta. Bush abandonará la Casa Blanca en enero del próximo año, y nunca jamás podrá volver a ocupar un cargo electo en su país, está en esa fase que los periodistas de Washington llaman del "pato cojo", en referencia al declive de la autoridad presidencial en el tramo final del segundo mandato. Putin podrá volver a optar a la presidencia de Rusia dentro de cinco años, y el nuevo presidente de la Federación Rusa, es uno de sus más estrechos colaboradores.
En cualquier caso, el afán de protagonismo de ambos mandatarios, seguidos a corta distancia por el francés Sarkozy, ha revelado con toda crudeza, que Europa no ha conseguido ser otra cosa que un mercado unificado y libre de trabas arancelarias para los socios dominantes ( Francia, Alemania y Gran Bretaña) El sueño de Eurasia ha desaparecido de todas las agendas políticas. En ninguna de las crisis internacionales abiertas, tiene Europa voz única y propia. Incluso en África, una China nada escrupulosa con el tema de los derechos humanos, está comiendo el terreno a Gran Bretaña y, sobre todo, a Francia, que durante tantos años jugó a superpotencia en sus relaciones con los sátrapas africanos.
Bucarest no ha hecho más que dejar muy claro lo que se decía con discreción, Estados Unidos busca desde la OTAN acuerdos con Rusia, dejando al margen a unos aliados que considera insignificantes desde casi cualquier óptica.
Esto es así por la endeblez de Europa, por el síndrome del "pato cojo" que ya afecta a Bush, por el deseo ruso de ser considerados de nuevo una superpotencia y, finalmente, porque ya emergen las que serán, sin duda, las grandes potencias imperiales del futuro: China e India. Ambas están obligando a recomponer el tablero de las relaciones geoestratégicas, porque su desmesura impide seguir ignorándolas con la habitual displicencia occidental.

A un océano de distancia

Si algo ha dejado claro la llegada en gran número, de inmigrantes sudamericanos a España, es que la supuesta pertenencia a una sola comunidad, extendida a ambos lados del Atlántico, es una falacia. Para empezar, no sabemos nada los unos de los otros: los ciudadanos latinoamericanos creen que vienen a un país rico, cuando España pasa por dificultades. Desconocen, además, la situación política y sus especifidades territoriales. Los españoles nos damos cuenta de lo mucho que gusta la idea de comunidad iberoamericana, siempre y cuando Iberoamérica se quede dónde está. Nuestro grado de conocimiento sobre América Latina, es similar al de los latinomericanos sobre España.
En justa compensación, el esfuerzo por integrarse de una parte apreciable de los ciudadanos latinoamericanos - término que prefiero al ampuloso e inexacto de iberoamericanos- ha sido prácticamente nulo.
A eso hay que sumar la llegada por reagrupamiento familiar de muchachos crecidos sin sus padres, que han traído el fenómeno de las llamadas "bandas latinas", argumento soñado por los fascistas españoles, en sus campañas difamatorias contra todo lo que no responda a su idea extraña y caduca del Imperio. Por si todo esto no fuera suficiente, la crisis económica que se avecina, dejará sin sustento a muchos latinoamericanos que trabajan sin contrato, en condiciones de semi-esclavitud, algo que deshonra a cualquier país que se pretenda democrático, incluída España.
La solución no debe ser fácil, sin lugar a dudas, pero me atrevo a esbozar algunas sugerencias: se debe regularizar la situación de los inmigrantes que presenten arraigo en España, y eso pasa por concederles un permiso de residencia definitivo. Se debe impedir el funcionamiento de las mafias que explotan a los inmigrantes con ofertas de trabajo que pasan no pocas veces por la prostitución. No debe existir ningún contrato absurdo para inmigrantes, si les exigimos que actúen como ciudadanos, debemos concederles esa condición, que implica revisar las dificultades para ejercer el derecho al voto, con carácter urgente.
La política española en América Latina debe dejar a un lado la mera retórica de la solidaridad entre patrias hermanas, y empezar con políticas de cooperación eficaces en áreas de económicas y académicas.
Los ciudadanos que llegan a España, deben desprenderse de la épica libertadora y entender que llegan a un país que no se siente culpable por la conquista, ni derrotado en los muy lejanos días de Maipó, Boyacá, Carabobo, Pichincha o Ayacucho.
Incidentes como los protagonizados por el rey de España, y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, representan muy gráficamente la incapacidad para escucharse mutuamente, de la que han hecho gala españoles y latinoamericanos, a lo largo de los últimos años.
La proximidad del bicentenario de los procesos de independencia, puede ser un buen arranque para unas nuevas relaciones entre los castellanoparlantes de uno y otro lado del oceáno, basadas en realidades tangibles y no en ensoñaciones colombinas o bolivarianas, que tanto dan las unas como las otras.