El desastre judicial

Las alarmantes noticias que se han sucedido en España, sobre hechos delictivos cometidos por personas condenadas que esperaban cumplir su condena, o bien que habían sido absueltas o excarceladas por errores de la Administración de Justicia, se han visto coronadas por el demoledor informe del Consejo General del Poder Judicial - el máximo órgano de gobierno de la judicatura- en el que se dice que en nuestro país, están pendientes de ejecución casi 270.000 sentencias, por falta de medios técnicos y humanos.
Ante una desmesura semejante, no cabe hablar de España como un estado social y democrático de Derecho, y sí de una vergonzante especie de república bananera. No puede pensarse que la completa quiebra de la Administración de Justicia, ante eso y no otra cosa estamos, es un pequeño detalle subsanable en pocos meses. Es de un situación grave que pone contra las cuerdas la viabilidad y el crédito del Estado como monopolizador de las funciones coercitivas. No es pues, una banalidad sobre la que pasar de largo.
Las causas del desastre son varias y persistentes: En primer lugar la acuciante falta de medios, de formación del personal, el sistema absurdo del concurso oposición que lleva a los alumnos de la Escuela Judicial ha aislarse del mundo durante varios años - en alrededor de cuatro está la media-, para poder aprobar el ingreso en la mencionada escuela. A esto debemos añadirle la elevada tasa de interinidad que se da entre el personal administrativo, por lo demás mal remunerado, otra de las tradiciones de la Administración en España. Por no hablar del corporativismo de los agentes jurídicos, desde los jueces a los abogados o procuradores, que no pocas veces ha derivado en conductas dudosas desde el punto de vista del Derecho positivo, y claramente reprobables desde el punto de vista de la Moral.
A esta situación no es ajena, ni mucho menos, la actitud de los sucesivos gobiernos democráticos, que han abandonado a su suerte el espinoso tema de las muchas reformas necesarias en el Poder Judicial, del que sólo parecen preocuparse, cuando es susceptible de convertirse en arma arrojadiza contra el adversario.
Mucho deben, y digo deben y no deberían, las cosas para evitar el colapso del Estado, que quedaría definitivamente deshauciado.
Los políticos y la indispensable presión pacífica y enérgica de la ciudadanía, tienen la capacidad para resolver la cuestión.