Entre la política y la empresa.

En estos últimos días hemos asistido, con menos sorpresa de la que sería deseable en una democracia sana, al paso de dos altos cargos políticos a la actividad profesional privada. El primer caso, el del ex-portavoz parlamentario del PP Eduardo Zaplana, contempla su incorporación a Telefónica como delegado para Europa, y era un final cantado para la carrera política del ambicioso político murciano. La derrota electoral de marzo y, además, la pérdida de influencia del sector - aznarista- al que pertenece Zaplana, hacían muy previsible que la dimisión presentada como portavoz, no fuera más que el paso previo al abandono de la política por parte de un hombre, que reconoció sin ambages su intención de prosperar económicamente, a través de la actividad política.
No ha sido el único caso: el director de la Oficina Presupuestaria del Gobierno, David Taguas, cesa en el cargo para pasar a presidir la patronal de los grandes constructoras, después de que se haya aprobado un plan gubernamental para impulsar las obras públicas, con el fin de paliar el brusco descenso de la actividad constructora de viviendas. Si el caso de Eduardo Zaplana, pese a ajustarse a la legalidad, merecía una reprobación ética, el de David Taguas, merece la atención de los órganos designados por la Ley de Incompatibilidades, para luchar contra la corrupción política. El señor Taguas era un cercano e influyente asesor económico del presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, estuvo vinculado a los preparativos del mencionado plan gubernamental y, además, formaba parte de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que es un órgano dependiente del vicepresidente Solbes, con capacidad decisoria vinculante para el Gobierno.
La Ley de Incompatibilidades no es eficaz, son demasiadas veces las que cargos públicos pasan a a la actividad económica privada en materias que han sido de su competencia en la actividad política, sin respetar el plazo de dos años que se marca precisamente en estas situaciones de travase de la política a la empresa en la misma área económica.
Urge tomar medidas, de esas tan poco queridas por el presidente Zapatero, porque van más allá de los gestos: Ningún cargo político debería poder dedicarse jamás, desde el sector privado, a las áreas que han sido de su competencia. El plazo de dos años, debería aplicarse a todas las demás actividades económicas en la empresa privada. Es imprescindible dotar a los altos cargos políticos de una remuneración adecuada a la exigencia del puesto y a la responsabilidad demandada, pero no se pueden tolerar las situaciones ambiguas ni la falta de decoro ético que han supuesto las actuaciones de los señores Zaplana y Taguas.
Una vez más, el gobierno socialista opta por la tibieza cuando debería mostrarse inflexible. La calidad de la democracia, también se dirime en los procedimientos de resolución de estas cuestiones.